Principio Precautorio y glifosato

Jorge Daneri

La Organización Mundial de la Salud, organismo científico por excelencia de la ONU, por medio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ha calificado al “Glifosato” como probablemente cancerígeno. El informe se encuentra disponible en la WEB.

Monsanto ha juzgado a dicho estudio de “ciencia basura”. Sin duda Monsanto no tiene claro la definición y los componentes de la basura y la diferencia con el concepto de veneno y agrotóxico. Las diferencias son enormes y es evidente que tampoco lo tenía claro con el DDT, el PCBs o el agente naranja que debió dejar de producir por ser nefastos para la condición humana y su salud.

La cuestión ahora es qué hace el Gobierno Argentino frente a esta realidad científica expuesta desde el máximo organismo global de articulación de la convivencia social y política en el planeta, por medio de una de sus agencias especializadas, ni áas ni menos que en el estudio del cáncer.

La aplicación del “principio precautorio”, principio plenamente vigente y operativo en nuestra legislación ambiental nacional y por lo tanto provincial, debe ser instrumentado, aplicado y cumplido con particular celeridad. Sin lugar a dudas con más celeridad que el Dictamen de la Procuradora General de la Nación en el caso judicial de la Petrolera Chevrón previo a la firma en horas de su contrato “secreto” con YPF, y el más que inmediato fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dicha causa. O como el Poder Legislativo no solo Nacional, sino también en otras provincias, ha llevado a sancionar leyes en los acuerdos con China de manera “eficientemente veloz”.

La discusión ahora no es un buen negocio de los combustibles fósiles no convencionales en la Patagonia, reservas del Banco Central, centro de excelencia satelital y militar también Chino, o la construcción de mega acueductos en una provincia mesopotámica. La cuestión ahora es que existe un dictamen científico de la OMS que dice lo que dice y que por lo tanto advierte sobre los enormes riesgos que esto determinaría para la sociedad y su ambiente, en el caso que nos ocupa, en Argentina.

No debería existir negocio o gestión corrupta que pueda impedir la aplicación de este principio. No puede ser que no exista un Juez Federal, un Fiscal, un representante de los organismos de control y salud claves, que no haga lo que debe hacer.

¿Por qué?  Porque podemos estar frente a un genocidio y ecocidio silencioso, lento, que involucra el conjunto de reinos de vida, la diversidad biológica y humana existente. La sola duda, más aún luego de lo expuesto por la OMS, obliga a que se expidan de inmediato y de oficio los siguientes ámbitos:

Los Ministerios de Salud y Ambiente de la Argentina.

Los Ministerios de Salud y Ambiente de las Provincias más afectadas, todas exponentes del modelo agrario liderado por los organismos genéticamente modificados y que utilizan el agrotóxico investigado.

La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y la Auditoria General de la Nación deben también actuar de oficio ante semejante potencial escándalo con consecuencias impredecibles. De igual manera, se insiste, el Ministerio Público en su mayor expresión de responsabilidad profesional y jerárquica.

Pero de lo que no hay duda, es que este no es un tema ni del movimiento ecologista únicamente, o de los sectores diversos de la producción agraria o de sus trabajadores y campesinos. La sociedad argentina debe hacerse cargo de semejante realidad, debe aprovechar positivamente esta delirio “científico” liderado por Monsanto y sus socios externos y locales, que viene contaminando nuestras tierras y aguas desde hace décadas, y particularmente desde los procesos corruptos de Menem en adelante, en la total ausencia de convicción, compromiso y apego a la Ley en las evaluaciones de los impactos globales, sociales y ambientales de estos productos químico-tóxicos; poniendo en fuerte crisis este modelo de producción agraria que se ha instalado, como tanto se ha denunciado, como un totalitarismo genético en Argentina.

Ahora tienen la palabra y la acción los poderes y organismos que deben aplicar la Ley, con la celeridad de un hecho que estaría produciendo, utilizando el lenguaje de probabilidad del informe de la OMS, un daño imposible de medir en sus efectos, por la escala de explotación agraria inundada por semejante producto, sin marcar aquí y ahora, su mezcla con otros agrotóxicos y los efectos acumulativos que esto también ha podido producir de manera mas que grave en los ecosistemas y sus comunidades de vida.

Ya no existe más margen de nada, no existe justificación alguna para sostener la autorización de venta de estos venenos. No aplicar el principio precautorio es ser cómplices de algo de lo que ya deberíamos estar arrepintiéndonos como sociedad y donde varios de los funcionarios políticos que avalaron el usar a la Argentina como tierra de experimentación masiva de estos venenos deberían estar cumpliendo más que una condena penal. Es relevante sí, que la condena social pueda llegar a ser enorme, y en el ejercicio de la Democracia, a los exponentes y defensores de este modelo, no los vote absolutamente nadie mínimamente comprometido con otras Argentinas posibles, mas sanas y amigables con la madre tierra y sus pueblos.”

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